UNICEF realizó un diálogo con personas e instituciones generadoras de evidencias con la finalidad de fortalecer las redes de investigación, cerrar brechas de datos y acelerar respuestas concretas basadas en evidencias para prevenir este fenómeno e impulsar decisiones públicas ante esta realidad.
Por: Paúl Pimentel Blanco.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- La violencia contra la niñez y la adolescencia en República Dominicana persiste como un fenómeno estructural y cotidiano. Prácticas como el maltrato físico, la disciplina humillante y la negligencia continúan afectando la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, especialmente dentro del ámbito familiar, con consecuencias profundas para su bienestar, salud mental y ejercicio pleno de derechos.
De acuerdo con el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Análisis de la Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ante las Violencias en la República Dominicana”, más del 63 % de niños y niñas de 1 a 14 años ha sido sometido a métodos violentos de disciplina en el hogar. La prevalencia aumenta en la niñez de 3 y 4 años, donde estas prácticas alcanzan el 70 %.
“La violencia contra la niñez no puede seguir abordándose con datos fragmentados ni con respuestas aisladas. La academia tiene la responsabilidad de producir evidencia rigurosa, útil y oportuna que contribuya a decisiones públicas capaces de proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes”, afirmó la doctora Odile Camilo Vincent, rectora de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), anfitriona de este primer encuentro fundacional de la Red Nacional de Investigación sobre Violencia contra la Niñez y la Adolescencia.
Las expresiones más extremas de esta violencia también arrojan cifras alarmantes
Entre 2018 y 2022, al menos 212 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios intencionales en el país. Solo en 2022, se registraron 33 homicidios de menores de edad.
De su lado, Carlos Carrera, representante de UNICEF, advirtió que “cuando la violencia se normaliza, el daño se multiplica. Sin información confiable, comparable y utilizada de manera estratégica, el país seguirá reaccionando tarde frente a una problemática que exige prevención, articulación institucional y una voluntad política que se traduzca en acciones concretas”.
Los sistemas de protección continúan recibiendo señales de alerta. Más de 3,400 niños, niñas y adolescentes fueron acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023, junto a miles de mujeres víctimas de violencia, lo que confirma el vínculo entre la violencia intrafamiliar y el riesgo directo para la niñez. En el ámbito de la salud, los casos de maltrato físico en menores de cinco años aumentaron cerca de un 45 % entre 2021 y 2022, una tendencia que refuerza la urgencia de actuar.
Ante este contexto, UNICEF y UNIBE desarrollaron un diálogo nacional con instituciones investigadoras y generadoras de datos para enfrentar una debilidad crítica del país: la fragmentación, baja comparabilidad y uso limitado de la información disponible, lo que dificulta que políticas públicas, programas y presupuestos respondan con efectividad a la magnitud real del problema.
Durante la jornada se realizaron exposiciones, mesas de trabajo y espacios de intercambio para identificar prioridades, fortalecer sistemas de monitoreo y promover enfoques interseccionales. Esto permitirá comprender cómo afecta la violencia de manera diferenciada a niños, niñas y adolescentes según edad, sexo, territorio y contexto social.
La Red recientemente conformada advirtió que, sin evidencia sólida y articulada, la violencia contra la niñez seguirá reproduciéndose en silencio. Transformar datos en acción no es solo un desafío técnico, sino una responsabilidad urgente para garantizar el derecho de cada niño y niña a crecer libre de violencia.
Esta iniciativa se enmarcó en “Los Datos Cuentan”, una campaña continua de UNICEF en territorio dominicano orientada a visibilizar estadísticas sobre la situación de la niñez y la adolescencia, e impulsar decisiones públicas, rendición de cuentas y respuestas institucionales más oportunas frente a las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes.
