SANTO DOMINGO. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) contra el comunicador Ángel Martínez.
La solicitud se enmarca en una querella por presunta difamación e injuria interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La audiencia, pautada para las 9:00 de la mañana, estará a cargo del juez Raymundo Mejía.
En la instancia, el Ministerio Público solicita la imposición de una garantía económica de dos millones de pesos en efectivo contra Martínez, quien ya enfrenta otras medidas de coerción.
El fiscal Merlín Mateo Sánchez, adscrito a la Pedatec, también solicita que se le impongan a Martínez impedimento de salida del país y presentación periódica. La instancia sostiene que el Ministerio Público ha evaluado que estas medidas son las más idóneas para garantizar la presencia del imputado en el proceso, basándose en los artículos 226, incisos 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal.
Medida de coerción para Ingrid Jorge
Asimismo, para este jueves, la jueza Yanibel Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá una solicitud de medida de coerción contra la comunicadora Ingrid Jorge, también en relación con la querella presentada por Faride Raful.
La magistrada fijó para las 9:00 de la mañana la solicitud de la Pedatec, que busca imponer a Ingrid Jorge el pago de una garantía económica en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica.
Acusaciones y relevancia del caso
La querella, interpuesta a través del abogado Miguel Valerio, acusa a Martínez y a Jorge de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal Dominicano.
La instancia, depositada el pasado 30 de mayo, se fundamenta en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.
En la instancia, presentada por separado, se aduce que los señalamientos difundidos por Martínez y Jorge son injuriosos y carecen de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de la ministra Faride Raful.
Raful ha defendido su derecho a la intimidad y al honor, exigiendo responsabilidades por los señalamientos que buscan manchar su reputación. La ministra confía en que la justicia actuará con contundencia para proteger sus derechos y sentar un precedente contra la desinformación malintencionada.
Valerio Jiminián declaró que la querella penal busca no solo esclarecer los hechos, sino también sancionar a los responsables por la presunta comisión de delitos vinculados a la difamación y el hostigamiento.
Este caso reaviva el debate sobre el uso indebido de plataformas digitales y medios de comunicación para atacar la honra de las personas, especialmente de figuras públicas.
