Por: Orión Mejía, periodista de RD.
Narcotráfico y corrupción han infringido severo daño al ensamblaje institucional, partidos políticos, tejido social, económico y a la sociedad toda,, por lo que puede advertirse que esos tipos penales cercenan la medula de la democracia dominicana.
No se sabe si reír o llorar con la noticia de que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con auxilio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), decomisa toneladas de drogas en puertos, aeropuertos o en narco lanchas, porque se sabe que por cada cargamento incautado otros arriban a su destino.
Hace más de veinte años que el ex presidente Leonel Fernández estimó en 30 mil millones de pesos anuales, el monto esquilmado al Estado por la corrupción, cifra que seguramente se ha multiplicado con el paso del tiempo y la prevalencia de la impunidad.
De los contados expedientes por prevaricación o cohecho que han arribado a los tribunales, ninguno ha concitado sentencia condenatoria irrevocable y muchos se han extraviados en laberintos de burocracia o incidentes procesales, que muchos creen disfraces de impunidad o venalidad.
Gobierno, partido oficial, Congreso y ayuntamientos confrontan hoy una crisis de reputación por el involucramiento de funcionarios, legisladores, ediles, y miembros del PRM en el narcotráfico, aunque se reconoce que las autoridades intensifican el combate contra ese flagelo.
Se considera grave que el narcotráfico asuma compromiso de financiación electoral de cualquier estructura partidaria, más aun si el ente beneficiario tiene conocimiento de la procedencia de esos capitales que también pueden provenir de la corrupción administrativa.
Es difícil contradecir el criterio de que en mayor o menor medida, el narcotráfico ha permeado a instituciones partidarias, por lo que resulta inocuo debatir sobre cuál partido padece la infección mayor, porque para ello solo se requiere develar las supuraciones.
Duele admitirlo, pero los carcinomas del narcotráfico y la corrupción han logrado permear al tuétano de la sociedad con metástasis en la construcción y sector inmobiliario, agropecuaria, importaciones de vehículos y maquinarias, hoteles, bares y restaurantes y otras actividades comerciales y financieras.
Drogas y prevaricación han diezmado la economía, gobernanza e institucionalidad de naciones como México y Colombia, por lo que aquí obraría como un huracán categoría 5, que en pocos años no dejaría piedra sobre piedra, a menos que todos los sectores nacionales halen la cuerda en la misma dirección.
Lo sensato sería que Gobierno y liderazgo político saquen esos temas de la agenda electoral y promuevan junto al empresariado, academia y sociedad civil un nivel de consenso que unifique el combate contra esos ilícitos penales en todos los terrenos, antes de que el monstruo engulla a toda la colectividad.
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