Por: Pedro Blanco, abogado dominicano experto en Energía y Minas

Para los dominicanos no es ajeno padecer y sufrir de intensos apagones y precios elevados en el suministro eléctrico. Pudiera afirmarse que esto es el pan nuestro de cada día.

Los más jóvenes no conocen la realidad que vivió el país en la década de los ochenta y principio de los noventa del siglo pasado.

Ya suena como una historia pasada y de difícil repetición; pero la realidad es que nos encontramos en un contexto histórico único; justo post-pandemia, guerra Ucrania-Rusia, crisis de logística a nivel mundial, tambores de recesión y ahora la guinda del pastel: fluctuación en los precios de los hidrocarburos en especial del gas natural, combustible que tiene un peso de un 30% en nuestra matriz energética y al día de hoy en el Henry Hub (mercado del gas natural en USA) su precio ronda los US$ 6.79 el millón de BTU y se estima que en los mercados de futuro podría llegar a los US$ 9.6 el millón de BTU.

Con todos estos factores presionando la economía dominicana, y teniendo en cuenta que la oferta-demanda de energía esta en su límite, si desde el Estado no se toman las decisiones correctas tendremos las condiciones perfectas para una tormenta de matices catastróficas para la economía y calidad de vida de los dominicanos.

A través de los años el sector eléctrico ha sido el dolor de cabeza de los gobernantes dominicanos, y para la actual administración no es una excepción. Desde las altas esferas se consigna su deseo de accionar enérgicamente y de forma decidida. Cada reunión del gabinete eléctrico culmina en una declaración de intenciones sin solución a la vista, enviando señales confusas al sector y a la población en general que siente que el barco está a la deriva.

Las distribuidoras siguen abultando sus déficits tradicionales rondando un astronómico 39-42%, cifras que pudieran aumentar si calculamos los subsidios directos al sector que superan los US$ 2,300 MM, montos inaceptables para poder implementar los acuerdos arribados en el Pacto Eléctrico.

Sabemos que el Estado no puede asumir el subsidio eléctrico por la eternidad, pero es moralmente inaceptable
pretender transferir las ineficiencias propias al ciudadano.

En los últimos años, por el ritmo de desarrollo de las infraestructura eléctrica, las mismas se han ralentizado de forma preocupante. Repasando cada una de las áreas del sector eléctrico vemos cómo las distribuidoras no han realizado las inversiones necesarias para ir recortando el déficit antes mencionado.  Su gestión de cobros es ineficiente, nula inversión en redes y falta de mantenimiento de subestaciones, por no decir escasa implementación de tecnologías para optimizar la vida útil de las mismas.

Con estos déficits de gestión ¿cómo justificarán las anunciadas alzas en el próximos años? ¿Cómo justificar un aumento que iría directamente al basurero si las pérdidas no se reducen? ¿Premiaremos la ineficiencia en detrimento de la industria y del ciudadano?.

El desarrollo de la líneas de transmisión no han seguido el curso de las necesidades que tiene el sector. Existen dos cuellos de botellas en la Red de Transmisión evidentes: a) el tramo Monte Cristi-Santiago y, b) el tramo sur del 15 de Azua y el Gran Santo Domingo. Esto es solo por mencionar algunas de las inversiones necesarias para poder transportar la energía a los centros de consumo masivo del país.

Con este panorama, ¿cómo queda la generación?.  La misma se encuentra rezagada por factores que son exógenos al propio mercado. Si el Estado, poseedor de la Transmisión y la Distribución, no mejora en sus áreas de acción, ¿qué señales económicas envía al sector privado para que acometa las inversiones necesarias? ¿compensarían esas inversiones en un sistema rezagado?

El Gobierno, consciente de la necesidad de obtener generación de forma rápida y económica, se aboca a la realización de licitaciones internacionales para generación de energía, pero sin tomar en cuenta las trabas regulatorias y el evidente rezago que tienen nuestras leyes y reglamentos a la realidad del mercado eléctrico a nivel global.

Nuestras leyes, innovadoras a principios del siglo XXI, están resultando una camisa de fuerza para la dinámica del sistema eléctrico en la República Dominicana. Sin embargo una modificación de forma rápida y sin consenso traería más situaciones catastróficas que soluciones al sistema.

Pero seguimos con nuestro enfermo en cuidados intensivos  y nuestro médico tiene que buscar soluciones ¡ahora!.