SANTO DOMINGO. – Dos entidades empresariales dominicanas apoyaron hoy el diálogo sobre el proyecto de modificación de la Ley General de Residuos Sólidos e insistieron en la necesidad de hacer ajustes técnicos.

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) reiteró su preocupación por rasgos del plan que, dijo, representan un riesgo para la competitividad y la sostenibilidad de sectores productivos clave.

Advirtió sobre el impacto negativo que tendría el incremento desproporcionado de tarifas y de los costos de cumplimiento.

Puntualizó que estas medidas, además de generar distorsiones en el clima de inversión, podrían desincentivar los esfuerzos e inversiones del sector privado en proyectos de sostenibilidad y protección ambiental.

AIRD APOYA PLÁTICA SOBRE LEY

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró por su parte la disposición al diálogo demostrada por la comisión especial encargada del análisis de esta pieza legal.

No obstante, expresó su preocupación por el alza desmedida de la contribución especial, al imponer aumentos significativos sin la realización de un estudio técnico que sustente dichos montos.

“…En ningún espacio se nos ha explicado el razonamiento detrás de este ejercicio”, advirtió Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

Apuntó que la Asociación manifestó de manera reiterada su comprensión respecto a las necesidades de financiamiento de las alcaldías y los retos que estas tienen en el cumplimiento de sus facultades legales.

No obstante, reiteramos que no puede pretenderse dar respuesta a todas las necesidades de la municipalidad con una contribución especial que debe ser dirigida a fomentar la correcta gestión de residuos y el cierre de vertederos a cielo abierto en el país, precisó Pujols.

Señaló que la AIRD confía en que el diálogo en el Senado continúe de manera plural y transparente, consciente de que todavía hay oportunidad de seguir perfeccionando el documento.

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