SANTO DOMINGO. – El Comité Institucional Codiano (CIC) expresó preocupación por el silencio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sobre su denuncia por desaparición de documentos.

Indicó que transcurrieron 30 días hábiles de la acusación realizada por la dispersión de textos públicos en archivos de instituciones contratantes.

PAGO A CONTRATISTAS PARALIZADO

Esa situación, advirtió, mantiene paralizado el pago a 92 contratistas con los que el Estado dominicano posee deudas pendientes.

El portavoz de los empresarios, ingeniero Miguel Liberato, informó que el CIC solicitó que integren la investigación la Contraloría General de la República y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Dijo que plantearon al presidente Luis Abinader la creación, mediante decreto u orden administrativa, de una comisión interinstitucional de alto nivel, con plazo definido para el esclarecimiento del caso y el destrabe de los pagos atrasados.

Liberato recordó que la denuncia fue presentada el 28 de julio y lamentó la inexistencia de información pública sobre las diligencias de la PEPCA y las medidas adoptadas para esclarecer este hecho.

Explicó que los papeles fueron generados por entidades del gobierno y comprenden actas de entrega de obras, cubicaciones y soportes administrativos.

Precisó que estos fueron reconocidos como extraviados por instituciones deudoras, como el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

UN HECHO GRAVE

Su extravío es un hecho grave que compromete la transparencia administrativa, la fe pública y el derecho de quienes trabajaron para el Estado sin recibir la retribución por obras entregadas, afirmó el vocero.

Advirtió que, si persiste el silencio institucional, el CIC posee el derecho de elevar el caso a instancias internacionales, en defensa de la legalidad y de la continuidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

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