La fachada que vende a simple vista el cuartel de la policía Bella Colina en Santo Domingo Oeste es la de cualquier destacamento común que opera en un barrio de la capital. En medio de ese disfraz hay un calabozo donde se violan los derechos humanos de los detenidos, y se utiliza de manera clandestina para supuestamente extorsionar.

En un programa de Reporte Especial con Juissa Céspedes se mostró la denuncia del empresario Fernando Crisóstomo. A este se le llevó a la carcelita de Bella Colina como un método para que este desistiera de impugnar la licitación para la construcción de la cárcel de La Nueva Victoria.

En este sentido, Crisóstomo fue asesor de la compañía Mavar & Asociados S.R.L. La empresa impugnó el Pliego de Condiciones en el proceso de licitación para la construcción y equipamiento de la cárcel La Nueva Victoria. Este nunca imaginó que los intereses que permeaban esa contratación pública eran tan oscuros.

Puede que todos los detalles del apresamiento y posterior traslado a la carcelita de Manoguayabo no estén claros. A pesar de que ha Crisóstomo lo acusaban de violencia de género, su abogada Cándida Ramos nunca vio la denuncia.

El empresario temía perder la vida. No sabía dónde estaba. La cárcel, que parece un calabozo, no figuraba como un centro de detención. El hacinamiento con que convivían los detenidos, el mal olor que emanaba de una cloaca, y la insalubridad, serán cosas que nunca podrá olvidar.

Crisóstomo asegura que todo esto fue un plan armado para que él y su socio, Efraín Báez, desestimaran el proceso de impugnación de licitación. Después de aceptar la propuesta de la desestimación, llaman a su socio de forma anónima y le dicen que van a liberarlo.

Un cuartel que opera de manera inhumana

No se ha escuchado en la prensa otros casos en los que se haya utilizado el centro para extorsionar. Pero recientemente se ha señalado la manera inhumana en que los privados de libertad cohabitan ahí.

El 23 de marzo de 2022 una comisión realizó una visita a la carcelita de Bella Colina. Realizaron una investigación para verificar la situación en que se encontraban los privados de libertad. Destaparon un calabozo. Ese momento había 240 presos. La comisión estuvo integrada por el Ministerio Público, el defensor del  pueblo, Pablo Ulloa, el legislador Elías Báez y el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, aseguró que le preocupaba la situación en que se encontraban los detenidos. Asimismo, el diputado Báez rechazó que cárceles como estas sigan operando en el país. Dijo que las condiciones en que operan son inhumanas, y violatoria del derecho a la dignidad.