MADRID.- La entidad denominada Prisoners Defenders publicó su informe mensual de mayo de 2026 con un récord de 1.281 nuevos presos políticos y de conciencia en Cuba.
El mismo muestra que el régimen cubano continúa respondiendo al deterioro social, político, económico y humanitario del país con más detenciones, encarcelamientos y castigos ejemplarizantes.
Documenta 28 nuevas incorporaciones a la lista de presos políticos, muchas de ellas relacionadas con protestas por apagones, falta de agua, escasez de alimentos y deterioro extremo de las condiciones de vida.
Prisoners Defenders es una organización no gubernamental (ONG) con sede en Madrid, España, dedicada a la defensa jurídica de los derechos humanos y al monitoreo de casos de presos políticos y de conciencia, especialmente en Cuba. La propia entidad se define como una asociación sin fines de lucro y no partidista, que trabaja mediante acciones legales y denuncias ante organismos internacionales.
En su nuevo informe destaca que la persecución ya no se limita a activistas u opositores conocidos: alcanza a profesionales, madres, menores, usuarios de redes sociales y ciudadanos que protestan pacíficamente por necesidades básicas.
Régimen intensifica la persecución contra mujeres
El informe de mayo recoge una nueva ofensiva contra mujeres cubanas, con casos como los de Sordey Ballester Horta, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Yamilka Mora y Wendolín Campuzano Almaguer.
Se documentan detenciones sin tutela judicial, represalias por publicaciones, agresiones, amenazas, incomunicación, huelgas de hambre y el impacto directo sobre hijos menores de edad, especialmente en el caso de madres presas políticas.
Al menos 14 encarcelados tras protesta en Holguín
Tras las protestas pacíficas del 19 de mayo en Antilla, Holguín, las autoridades cubanas desplegaron una operación represiva que terminó con 14 nuevos presos políticos, incluidos cuatro miembros de una misma familia.
El informe detalla allanamientos violentos, desapariciones forzadas temporales, detenciones utilizadas como presión familiar y el caso de Rafael Batista Infante, una persona vulnerable con graves trastornos mentales y alcoholismo crónico.
Encarcelado tras reunirse con un diplomático
Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años residente en Artemisa, fue detenido el 19 de mayo tras haber recibido en su domicilio al jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.
El informe mensual expone cómo el régimen utiliza este tipo de represalias para intimidar a quienes reciben apoyo o visibilidad de diplomáticos extranjeros, y para disuadir futuras muestras de respaldo internacional a las víctimas.
Torturas, privación de sueño y alimentos por criticar al régimen en redes sociales
Erick Alain Chang Padrón, trabajador por cuenta propia de 51 años, fue detenido por publicar críticas sobre apagones, escasez de alimentos, deterioro de la vida cotidiana y la gestión de Miguel Díaz-Canel.
El informe recoge su denuncia de torturas en Villa Marista, 11 días de interrogatorios, privación deliberada de sueño y alimentos, presiones psicológicas y condiciones inhumanas en la prisión Valle Grande, donde permanece a la espera de juicio por “desacato”.
Otra muerte entre los presos políticos
Ernesto Brieva Sempé, preso político del 11J de 52 años, falleció el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este tras años de encarcelamiento, enfermedad renal crónica, desnutrición y falta de atención médica adecuada.
El informe señala que ya son 6 los presos políticos fallecidos desde 2023 bajo custodia o responsabilidad directa del régimen cubano, y advierte sobre 449 presos políticos con patologías graves que requieren liberación inmediata.
