Por: Paúl Pimentel Blanco.
SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, solicitó al presidente Luis Abinader detener la licitación número MINERD-CCC-PEPU-2026-0007 del Ministerio de Educación, valorada en más de RD$864 millones, para la contratación del servicio de transporte de 120 autobuses con capacidad de 30 a 32 pasajeros.
Hubieres calificó el proceso como una “maldita mafia” y cuestionó que la convocatoria esté diseñada para favorecer a un solo oferente, alegando que las condiciones impiden la participación de pequeñas y medianas empresas debido a las garantías económicas exigidas.
El dirigente político y sindical planteó que la licitación debió dividirse en lotes para permitir la participación de mipymes y empresarios individuales con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), de manera que el Estado pueda contratar directamente a quienes brindan el servicio.
Afirmó que la contratación del transporte escolar en los distritos educativos 10-05, 15-01, 15-05, 15-06 y 10-07 representa, a su juicio, una repetición de denuncias realizadas desde el inicio del programa de Transporte Escolar (Trae).
DENUNCIA SUPUESTO BENEFICIO A EMPRESAS PRIVADAS
Hubieres reconoció el impacto social del programa para miles de familias dominicanas, pero sostuvo que se ha convertido en un mecanismo para beneficiar a importadores de vehículos y empresas privadas.
Señaló a las compañías Troy Moto y Magna Motor, así como al senador Antonio Marte, de supuestamente participar en un esquema que afecta a los choferes. Estas acusaciones fueron presentadas por Hubieres como parte de sus denuncias públicas sobre el manejo del programa.
Dijo que desde 2022 hemos advertido sobre el esquema y planteó que el Gobierno debe utilizar el programa Trae para favorecer a familias dominicanas, incluyendo aquellas vinculadas al Partido Revolucionario Moderno, mediante contratos directos que les permitan recibir ingresos mensuales de entre RD$80 mil y RD$100 mil.
Hubieres llamó al presidente Abinader a revisar el proceso y garantizar mayor transparencia en la administración de los recursos públicos destinados al transporte estudiantil.
