Por: Oscar López Reyes, periodista de RD.

El presidente de la República representa la hacienda sacrosanta (sagrada y santa) del Estado o la sociedad, y para asegurar su regencia con pulcritud y en la cohesión social ha de actuar con rectitud y solemnidad, sin ser menguado por la afectividad proveniente del compañerismo partidista, el viejo compadrazgo o la familiaridad, que han de poner a volar como las hojas del viento huracanado, especialmente en un conglomerado en el cual pululan los rufianes de toda laya, que se visten con el traje de la honestidad para traicionar al mandatario con la melodía del engaño más cruel.

La autoridad suprema de cualquier Estado ha de contar con colaboradores con lealtad e integridad (difícil de conseguir en esta ladronera), que cumplan sus funciones con capacidad de trabajo para ayudarle en los cambios, pero no amiguetes ni compinches a los que profesen aprecio y respeto, en el mando de los sentimientos más sublimes. El presidente Luis Rodolfo Abinader ha sido reiterativo en que no tiene cómplices.

En la heterogeneidad socio-política y corporativa, societaria y grupal, los presidentes de una nación podemos segmentarlos en tres longitudes, conforme la naturaleza socio-política del régimen: 1) El autócrata/implacable, 2) el permisivo/cómplice, y 3) el democrático/denunciativo. Estos tres tipos de liderazgo estatal son espejos en los cuales se refleja la vida contemporánea.

El autócrata/implacable presenta como un modelo válido a Fidel Castro Ruz (13 de agosto de 1926- Birán, Cuba-25 de noviembre de 2016 (La Habana), partidario del socialismo puro -que se inspira en la dictadura del proletariado- y durante su gobernanza de casi 50 años fulguró como un exportador de revoluciones a países del Tercer Mundo. No dispensó indulgencia a quien le acompañó en Sierra Maestra, que culminó con la toma del poder; en Bahía de Cochinos y en Playa de Girón, durante la crisis de los misiles: el general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Arnaldo Ochoa, declarado héroe de la República de Cuba.

El general Ochoa, el coronel Antonio (Tony) de la Guardia, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés junto a otros diez cubanos fueron acusados judicialmente de graves hechos de corrupción, manejo deshonesto de recursos económicos, tráfico de drogas y alta traición a la patria y a la revolución. Un tribunal los halló culpables el 30 de junio de 1989 durante un juicio que fue transmitido por la televisión cubana, y condenó a pena de muerte a Ochoa, De la Guardia, Padrón Trujillo y Martínez Valdés.

En el otro extremo se sitúa el permisivo/cómplice: Por la seducción mediante la afectividad, Danilo Medina Sánchez, presidente de una organización (Partido de la Liberación Dominicana -PLD-) autodenominada progresista y popular, se ha revelado corrosivo en la impertinencia del cinismo.

Ha presenciado la sentencia, por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a siete años de prisión de Alexis Medina, por su culpabilidad en la comisión de actos de corrupción durante el Gobierno de su “supuesto” hermano; su cuñado Maxy Montilla devolverá más de 3 mil millones de pesos al Estado tras un acuerdo con el Ministerio Público en la Operación Antipulpo, extraídos de fraudes en contrataciones públicas, y su jefe de seguridad, el mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, y otros fueron arrestados por conformar una red de corrupción, según Ministerio Público, en la llamada Operación Coral.

El democrático/denunciativo: Luis Rodolfo Abinader, social demócrata e impulsor del modelo político-social del Estado Bienestar (empleo, educación, salud, pensiones, mejoría en la igualdad de oportunidades, derechos sociales y redistribución de la renta), ha empinado como estandarte principal la ofensiva contra la corrupción. Ha destituido y solicitado la renuncia a más de 50 altos funcionarios, incluido ministros y directores generales que ocuparon sitiales de primera línea en su campaña electoral, y últimamente se han logrado numerosas condenas por dolo en un sistema judicial muy vulnerable, y recuperado 6 mil 500 millones del patrimonio público.

Hace unos días, Abinader convocó al Palacio Nacional a los miembros del Consejo de Ministros, a los cuales formuló una velada advertencia con el señalamiento de las aumentadas sanciones estipuladas en el nuevo Código Penal (Ley No.74-25) y la nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25). Le reforzaron con explicaciones la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

El último escándalo de corrupción destapado, muy lacerante, ha sido en el Sistema Nacional de Salud (Senasa) y el gobernante dispuso la entrega del informe con irregularidades a la Procuraduría General de la República, para que amplíe la investigación y proceda de conformidad con la Constitución y las leyes. Viene a ser un buen mensaje en su lineamiento de Tolerancia Cero con el hurto a las propiedades del erario.

Al presidente Abinader le ha tocado gobernar en un ciclo en que, a todas luces, la psicopatología política, con sus rasgos de cleptomanía potencializada, mitomanía envuelta en discursos altisonantes, amabilidad afectiva mercadológica, como cultura se ha estado arraigando en los pasillos de la burocracia y figuras públicas con mentalidad corrupta y antecedentes penales se han estado apoderado de las estructuras del Estado, desde los partidos políticos, los poderes Legislativo y Judicial, y las altas cortes. ¿Increíble no?

A veces nos parece que el presidente Abinader navega como un Quijote en sus esfuerzos contra la impunidad, por la transparencia y la institucionalidad para proteger los bienes comunes y preservar el legado de su familia.

La psiquiatría punitiva como herencia social no detiene los comportamientos deshonestos de personas que ostentan cargos públicos, que trasgreden los compromisos contraídos ante el jefe de Estado y la sociedad, haciendo mal uso o sustrayendo los bienes que administran, en complicidad con gerentes financieros, encargados de compras, abogados, militares y empresarios.

En cuatrienios gubernamentales anteriores, los actos defraudatorios no cesaron, ni se castigaron ante las miradas complacientes de mandatarios, como ilustran los esquemas de riqueza ilícita de la claque de Danilo Medina, el presidente permisivo/cómplice, comprobado judicialmente.

Con los logros citados, el presidente democrático/denunciativo, Luis Abinader, demuestra no ser un Quijote. Para robustecerlos, tendrá que rodearse de ciudadanos comprobadamente probos, con más canas y más estoicos, y apretar la muñeca en la cruzada de estos últimos tres años de su mandato, que son los más tentadores y arriesgados, en la ruta hacia la despedida, en el linaje de una cantera de buscadores de oportunidades, que se pintan como santos corderitos.

Algunos lamentarán que no se emule al histórico presidente autócrata/implacable, Fidel Castro, pero recordemos que en la República Dominicana nos regimos por un sistema político-jurídico diferenciado, donde no existe la pena de muerte, aunque sí leyes libertadoras de corruptos y jueces penales.

jpm-am