Santo Domingo.- El movimiento Participación Ciudadana denunció este jueves que los legisladores no han escuchado las demandas sociales en la propuesta de modificación al Código Penal, el cual contiene disposiciones que considera «graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia».

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que manifiesta su «profunda preocupación» ante la aprobación en primera lectura del texto por el Senado, llama al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, a actuar con «responsabilidad democrática» y abrir «un espacio real de diálogo», a fin de que el Código Penal fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, en línea con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

AL PRESIDENTE QUE SOLICITE MODIFICACIONES AL CONGRESO

Exhorta al presidente Luis Abinader a que, en caso de ser aprobado el Código Penal con «todas estas fallas», utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar modificaciones al Congreso.

Participación Ciudadana detalla las preocupaciones principales que le plantea este proyecto de reforma y, entre ellas, destaca que la exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, «creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas».

PENALIZA EL ABORTO Y NO CONTEMPLAN TRES CAUSALES

Además, se penaliza el aborto y no se contemplan las tres causales (vida o salud de la mujer en riesgo, embarazo producto de una violación o incesto y feto inviable fuera del útero).

En su opinión, hay un retroceso en la lucha contra la corrupción, pues «se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos» para salud u otras prioridades.