Fuente: Externa.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional
El Ministerio Público informó este martes que la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para asegurarse contratos de seguridad privada en instituciones del Estado. La estructura involucra a varios oficiales de alto rango, incluyendo coroneles y un mayor general retirado.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezó el equipo de fiscales que presentó ante la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medidas de coerción contra los implicados. Ortiz advirtió que la operación “apenas comienza” y anticipó más arrestos e investigaciones en esta primera fase del proceso.
La red de corrupción desmantelada pagó más de 100 millones en sobornos por contratos de seguridad privada
“El Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, especialmente en el área de seguridad privada en empresas estatales”, afirmó Ortiz. Señaló que hasta el momento se han recabado más de 500 pruebas que vinculan a los arrestados con actos de corrupción.
Entre los implicados figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez. También fueron incluidos en la solicitud de prisión preventiva el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Además de las acusaciones por corrupción, se solicitó que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los daños al Estado y la cantidad de implicados.
Varios oficiales de alto rango, incluyendo coroneles, están implicados en la operación liderada por la procuradora Mirna Ortiz
Ortiz explicó que los imputados violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que las operaciones fraudulentas afectaron a instituciones clave, incluyendo el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
“Se trata de una estafa contra el Estado que atenta contra la libre competencia y perjudica a instituciones que brindan servicios a poblaciones vulnerables”, subrayó Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
La investigación se originó a partir de una denuncia recibida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que dio pie a la recolección de evidencia que sustenta el expediente presentado.
“Esto apenas comienza”, enfatizó Ortiz. “Ahora se abre la etapa preparatoria que dará paso a una investigación más profunda. Vamos por más”.
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