SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, recordó en una carta al papa León XIV que la inmigración ilegal haitiana representa una carga insostenible para el Estado dominicano.

«Más del 10% del presupuesto nacional —equivalente a unos 2,000 millones de dólares anuales— se destina a atender a inmigrantes haitianos ilegales y naturalizados, una carga insostenible para un país en desarrollo como el nuestro», afirma el político en la misiva enviada al Santo Padre.

Asimismo, condena el «colapso progresivo del sistema de salud dominicano, especialmente en las maternidades públicas, donde hasta el 62% de los partos registrados en algunos hospitales corresponden a mujeres haitianas ilegales». «Esta situación ha desplazado a mujeres dominicanas y ha llegado al extremo de provocar la muerte de ciudadanos nacionales por falta de atención oportuna», deñala.

Indica que muchas haitianas cruzan la frontera solo para dar a luz gratuitamente en el país, lo que ha generado una saturación crítica de los servicios de salud y ha provocado que muchos dominicanos queden fuera del sistema por falta de cupo o recursos.

Domínguez Trujillo reafirma el «derecho inalienable» de la República Dominicana de proteger sus fronteras y su integridad nacional. «Toda nación tiene el deber de preservar su soberanía, su cultura y su orden interno», afirma.

En respaldo espiritual a este principio, citó el pasaje bíblico de Romanos 13:1-7, que establece con claridad que «las autoridades están llamadas por Dios a mantener la justicia, el orden y la paz, incluyendo la protección del territorio nacional». “No hacerlo, sería traicionar los deberes que nos ha confiado el Señor”, advierte.

SEGURIDAD FRONTERIZA

En cuanto a la seguridad fronteriza, indica que «la falta de un muro físico y de un sistema de control fronterizo adecuado ha permitido, no solo la entrada masiva de inmigrantes ilegales, sino también el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas, de armas y el aberrante tráfico de niños, todo lo cual amenaza directamente la estabilidad del país».

MEDIDAS MIGRATORIDAS DEL GOBIERNO

Sobre las medidas migratorias del gobierno, explica que, si bien el plan de 15 puntos presentado por el presidente Luis Abinader refleja una intención legítima, su aplicación resulta inviable dadas las limitaciones estructurales, logísticas y presupuestarias que enfrenta la República Dominicana. En particular, destaca que la meta de 40,000 deportaciones mensuales excede con creces la capacidad real de la Dirección General de Migración, que difícilmente puede ejecutar más de 15,000 repatriaciones en condiciones óptimas.

Del mismo modo, expresa su acuerdo con la preocupación manifestada en el artículo respecto a las condiciones de los centros de detención migratoria. «Se trata de espacios que deben ser profundamente mejorados en términos de dignidad humana, con procesos más ágiles y con apego estricto a los derechos fundamentales», señala.

En ese sentido, reitera su propuesta de crear tribunales especializados en materia migratoria y una Fiscalía de Frontera, como parte de un sistema más justo, transparente y libre de corrupción, «un mal que afecta a diversas esferas del poder nacional».

Recuerda, además, que en el año 2011 presentó por primera vez la propuesta de construir un muro fronterizo con Haití, no como un acto de rechazo, sino como una acción de responsabilidad soberana para proteger la integridad del territoriodominicano. Compara esa propuesta con el muro de Jericó, que en la historia bíblica protegió al pueblo elegido de sus enemigos, subrayando que la República Dominicana necesita con urgencia una barrera física y legal que le permita regular su frontera de forma efectiva.

Insta al Papa y a la comunidad internacional a que promuevan una intervención urgente en Haití, con manos capaces y poder militar suficiente para restablecer el orden y reconstruir esa nación.

Propone, incluso, que toda ayuda humanitaria asignada a la República Dominicana en el marco de esta crisis sea canalizada directamente hacia Haití, siempre que ello implique liberar al país de la carga migratoria que hoy amenaza con colapsar su sistema de salud, educación, seguridad y economía.

“Es mi responsabilidad como católico y como líder político, luchar siempre por el bienestar de los dominicanos, hasta que cada uno de ellos tenga garantizado su derecho a una vida digna”, subraya.

Aclara que sus palabras «no emanan de ningún sentimiento xenofóbico, racista ni anti haitiano» y explica que su profunda fe católica y su convicción de que todos somos iguales ante los ojos de Dios le impiden alentar tales posturas.

Explica que sus expresiones nacen exclusivamente del «deber patriótico de velar por los intereses del pueblo dominicano, hoy sumido en una profunda pobreza, precariedad y abandono institucional».

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