SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) propuso a la Junta Central Electoral (JCE) una normativa clara y específica sobre las sanciones que deben aplicarse a las firmas encuestadoras que utilicen los sondeos como mecanismo de campaña anticipada.

Mediante una comunicación entregada al Pleno del órgano electoral por Fernando Pérez Volquez, delegado político, fijó su posición oficial respecto al “Proyecto de Reglamento que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral”.

El PRD advierte que la difusión de encuestas antes del período oficial de precampaña ha sido empleada, en muchos casos, como estrategia de propaganda encubierta, en violación al orden jurídico que regula los tiempos y modalidades de la competencia electoral.

INCLUIR SANCIONES A ENCUESTADORAS VIOLEN TIEMPOS

El PRD propone precisar en el reglamento las consecuencias legales para empresas que promuevan y difundan encuestas, mediciones y sondeos a la población a través de medios de comunicación, redes sociales y sistemas de mensajería instantánea.

Señala la comunicación que esas prácticas son contrarias a lo que establecen las leyes las leyes Orgánica del Régimen Electoral y la de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre la materia.

“Esas empresas serán sancionadas sin detrimento de las acciones judiciales que se realicen a los fines de cancelar el registro por ante la JCE, con el propósito de inhabilitarla para su ejercicio durante el actual proceso electoral”, indica.

MANIPULACION DE SONDEOS ALTERAN ORDEN PUBLICO ELECTORAL

El PRD considera que las actividades proselitistas adelantadas, entre ellas la manipulación de sondeos en etapas no habilitadas, alteran el orden público electoral y vulneran los principios de equidad, legalidad y transparencia que deben garantizarse en todo proceso comicial.

Reitera su compromiso con la democracia y el fortalecimiento institucional y exhorta a la JCE a establecer mecanismos firmes que impidan el uso distorsionado de herramientas estadísticas con fines político-electorales fuera del marco legal.