SANTO DOMINGO.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó los avances registrados por el sistema de justicia dominicano en materia de eficiencia, transformación digital, transparencia e inclusión, pero advirtió que el próximo desafío consiste en lograr que esas mejoras se traduzcan en un acceso más sencillo, oportuno y equitativo para la población.
La valoración está contenida en el informe “Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana”, presentado por el PNUD en alianza con el Poder Judicial, durante un acto celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), encabezado por la representante residente del organismo, Ana María Díaz.
El estudio, denominado “Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible”, resalta que el sistema judicial ha fortalecido su capacidad de respuesta, reducido la mora, ampliado los servicios digitales y desarrollado políticas de transparencia e inclusión.
Díaz informó que la justicia dominicana registra actualmente una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, aunque persisten diferencias territoriales. Agregó que se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y que aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica.
OCHO HALLAZGOS
El informe identifica ocho hallazgos sobre la situación actual y las perspectivas del sistema judicial, a partir del análisis de registros, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y documentos.
Entre sus conclusiones señala que la eficiencia institucional debe estar acompañada de una reducción de las barreras que dificultan el acceso a los servicios judiciales. También advierte que factores como los ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales pueden incidir en la posibilidad de una persona de iniciar y mantener un proceso.
El estudio plantea, además, que las necesidades de justicia varían según los territorios y que una menor cantidad de expedientes no necesariamente significa que existan menos conflictos.
Respecto a la digitalización, reconoce que esta permite reducir desplazamientos, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de los casos, aunque recomienda mantener alternativas presenciales y mecanismos de orientación para quienes los necesiten.
Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la protección y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
