Los implicados por el Ministerio Público (MP) en Operación Pandora están acusados de ser una red criminal vinculados a la sustracción de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, las cuales eran utilizadas para comercio ilícito.
El órgano acusador indica en el expediente de solicitud de medida de coerción una serie de características bajo las cuales las 10 personas físicas y la persona jurídica implicadas realizaban sus operaciones.
El MP indica que los implicados crearon una organización criminal integrada por oficiales superiores y alistados quienes en asociación con civiles, utilizaron sus funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como pertrechos policiales adquiridos por el Estado para la seguridad y el orden público, que se encontraban bajo custodia policial.
Estos también sustrajeron de manera masiva, organizada y sistemática municiones, pertrechos, equipos y municiones en general del departamento II de Intendencia de Armas de la Policía, violando el mandato institucional de custodiar, controlar y conservar, propiedades del Estado que señala el Ministerio Público son de “extrema importancia para la seguridad del país”.
Los oficiales violaron los reglamentos y protocolos para tener acceso privilegiado utilizando acceso exclusivo y directo a los almacenes de municiones para ejecutar de manera ilícita la sustracción de municiones y pertrechos policiales, sin generar sospechas en otros departamentos de la Policía.
Otra de las características en la que incurrió el grupo fue en la comercialización «dolosa» de municiones, tanto a policías como a civiles, aun con el conocimiento de la ilicitud de los actos.
El MP los acusa de alteración de armas de fogueo, a las que le cambiaban el cañón para poder disparar municiones de armas de fuego normales y luego las vendían a civiles.
Conforme al órgano acusador, desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con conocimiento de su origen ilícito, con el fin de revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías.
De igual forma, se valieron de testaferros para cometer los ilícitos, a través de los cuales recibían y transferían el dinero proveniente de la comercialización de las municiones y accesorios propiedad del Estado.
Los policías incurrieron en la implementación de maniobras fraudulentas para evitar que las autoridades detectaran las sustracciones de accesorios, manipulando los registros y controles de los almacenes del departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía.
Otros de los delitos para llevar a cabo sus actividades consistieron en la destrucción de evidencias que los comprometían de su responsabilidad penal y trataron de inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la supuesta organización, amenazando e intimidando quienes tenían conocimientos de los delitos.
Otra de las características fue el lavado de activos, convirtiendo, facilitando, transfiriendo, transportando y ocultando bienes y ganancias provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios con el propósito de ocultar su real origen.
Acusados
Por el caso el Ministerio Público acusa al coronel Narciso Antonio Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, como el cabecilla de la red.
Asimismo al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura.
También está implicada en la investigación la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, mientras que los implicados fueron apresados durante el fin de semana pasado y para quienes el órgano acusador a través de la Procuraduria Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitarán prisión preventiva y declaración del caso como complejo.
Lo robado
Los imputados arrestados mediante la Operación Pandora sustrajeron 908,001 municiones de diferentes calibres y accesorios destinados para uso oficial del cuerpo policial, que se encontraban bajo custodia del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
Así lo establecen la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en el documento de solicitud de medida de coerción depositado en el día de ayer lunes contra 10 personas físicas y una moral.
Los fiscales desglosaron estos faltantes y aseguraron que no tienen justificación alguna, de acuerdo a los levantamientos que pudieron realizar hasta la fecha, al no encontrarse registro de su entrega o salida a alguna dirección, dependencia o miembros de la institución del orden.
“Conforme a la auditoría realizada en fecha 24 de octubre del año 2024, por la Auditoria Interna de la Policía Nacional, existen faltantes en las municiones y accesorios bajo responsabilidad del Departamento II de la Intendencia de Armas, en comparación con la auditoría realizada en fecha 14 de febrero de 2024, no encontrándose justificación con la cantidad de salidas de estas, de acuerdo con registros de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional”, establece el expediente.
La lista de carentes inicia con 82,949 cartuchos para armas de fuego calibre 12 milímetros, carga 6. Luego, sigue con unos 10,404 cartuchos para calibre 12 milímetros, carga 8; unas 26,128 cápsulas para calibre 7,62 milímetros; 489,907 cápsulas, calibre 9 milímetros; 230,340 cápsulas, calibre 5.56 milímetros; 117 cápsulas, calibre 45 milímetros; unos 68,066 cartuchos de gomas para escopeta, calibre 12 milímetros, 59 gases lacrimógenos y 31 proyectiles calibre 37 milímetros.
Los fiscales dejan claro que esto representa una desviación “significativa” en el control del inventario.
El documento elaborado por el Ministerio Público leía que los responsables del control y la custodia del Departamento II de la intendencia de Armas de la Policía Nacional son los imputados Narciso Antonio Feliz Romero, Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez.
El expediente consta de 213 páginas y 235 medios de pruebas con las que pedirán prisión preventiva para los encartados.
Los imputados son Narciso Antonio Feliz Romero, Juan Miguel Soler Pérez, Nelson Váldez, Victor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Basilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio, Miguelina Bello Segura y Tactical Accesories RH, SRL.
De manera preliminar, los fiscales le imputan a los detenidos el tráfico ilícito de municiones, la tenencia y uso de armas de fuego de la Policía Nacional, para su comercialización y exportación, así como la legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, sus accesorios y otros materiales relacionados.
