Santo Domingo.- El Ministerio Público sostuvo este lunes que la defensa de la procesada Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, sigue sin dar respuesta a la acusación presentada en el juicio que se le sigue por supuesta corrupción en el presunto entramado que desfalcó al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
El órgano persecutor destacó en una nota que la defensa de Medina no ha dado respuesta a la auditoría realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y presentada como prueba, la cual indica que desempeñó el cargo de vicepresidenta de esa entidad sin contar con decreto en su designación.
También se estableció que se desempeñaba a la vez como directora administrativa de esa misma entidad.
RECIBIA DEL FONPER 326,400 PESOS MAS OTROS 79,200
La auditoría fue realizada por la Cámara de Cuentas a la gestión del Fonper desde el 1 de agosto de 2012 al 31 de agosto de 2020. Según se estableció la acusada devengaba un sueldo mensual de 326,400 pesos además de 79,200 pesos por tener la función de vicepresidenta del Consejo, del 1 de enero de 2015 hasta el 1 de agosto de 2020.
«La defensa técnica ha enarbolado una acusación que es ficticia, porque la acusación del Ministerio Público entraña imputaciones muy específicas, como por ejemplo: el hecho de que Medina Sánchez ocupaba dos posiciones simultáneamente y obtenía remuneración por ambas sin ni siquiera haber sido designada mediante decreto del Poder Ejecutivo», el comunicado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
DANILO Y SU HERMANO ALEXIS ACUSADOS DE CREAR ENTRAMADO
Medina y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez están acusados de crear un entramado societario que sirvió como medio para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, entre ellas, la simulación de contratos y el uso de prestanombres.
Se les imputa incurrir en lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas. El expediente acusatorio también involucra a otras decenas de personas.
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