SANTO DOMINGO.– Las autoridades dominicanas reportaron 71,611 detenciones en la zona fronteriza entre abril y agosto de 2026, mientras avanzan los trabajos de construcción de la verja perimetral y se refuerza el despliegue militar.
El cuarto informe del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) presentado este jueves, también identificó tareas pendientes en la aplicación de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la evaluación, las tres brigadas fronterizas registraron 60,763 detenciones y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), otras 10,848.
El organismo, que preside el periodista Miguel Franjul, advierte que estas cifras no deben sumarse automáticamente a las deportaciones realizadas posteriormente, debido a que corresponden a actuaciones distintas.
VERJA FRONTERIZA ALCANZARÍA 81.5 KILÓMETROS
Destaca que la verja fronteriza cuenta con 54 kilómetros concluidos, mientras que el tramo de 13 kilómetros entre La Sal y Capotillo presenta un avance del 70 %. La terminación de esta sección fue reprogramada para diciembre de 2026.
Asimismo, el 6 de septiembre comenzó la construcción de otros 14.5 kilómetros en Jimaní, frente al lago Azuey. Una vez concluidas ambas intervenciones, la infraestructura alcanzaría una extensión de 81.5 kilómetros.
En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa mantiene 1,500 soldados adicionales, para un despliegue total de 11,000 efectivos distribuidos en ocho zonas de supervisión. El OPM también registra mejoras en vehículos, abastecimiento, comunicaciones, fibra óptica, internet satelital y utilización de drones.
PERSISTEN RETOS EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
Pese a los avances reportados en vigilancia y control, el Observatorio señala que permanecen pendientes acciones para regular los mercados fronterizos y facilitar la incorporación de trabajadores dominicanos a los sectores agrícola y de la construcción.
La evaluación, que abarca principalmente el período abril-agosto de 2026 e incorpora actualizaciones de septiembre, recomienda aumentar y transparentar los recursos destinados a la seguridad fronteriza, además de fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial ante el tráfico ilícito de migrantes.
También plantea revisar las metas de las 15 medidas migratorias anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, diferenciando aquellas que ya se cumplieron de las que requieren ejecución permanente.
