SANTO DOMINGO.- Más de 450 jueces realizaron un paro nacional de labores en todos los tribunales a nivel nacional en demanda de indexación salarial, contratación de personal, entrega de incentivos, mejora en condiciones laborales y económicas de los empleados del poder judicial, respero al escalafon, entre otros.
La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd) calificó como una desconsideración y falta de respeto la respuesta del Consejo del Poder Judicial a sus demandas de mejores condiciones laborales y salariales, que dicen tener más de cinco años realizando dicha solicitud por escrito sin respuesta alguna.
La magistrada Ysis Muñiz reiteró el llamado a paro nacional este jueves y dijo que las autoridades recurren a promesas futuras para enfrentar lo que denominó como una crisis en el sistema de justicia.
«Los jueces seguimos abiertos al diálogo, pero la búsqueda de soluciones no puede hacerse sobre la base del irrespeto sistemático que hemos estado denunciando», enfatizó durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.
LA SITUACION JUDICIAL REQUIERE SOLUCIONES INMEDIATAS
Agregó que la respuesta del órgano judicial es un agravio directo a su investidura, pues ha caído en «la trampa del gradualismo» al responder a las reclamaciones con planes proyectados hacia el año 2034, pese a que la situación requiere soluciones inmediatas.
Criticó que el organismo anunciara un apoyo gradual del Ministerio de Hacienda para los años 2026 y 2027 sin establecer fechas concretas ni partidas presupuestarias inmediatas para las necesidades actuales.
DICE PODER JUDICIAL JUEGA
«En medio de una crisis, las autoridades responden con un plan proyectado al año 2034. Entonces, tenemos que preguntarnos: o no han advertido que estamos frente a un colapso o están jugando con nuestra inteligencia», fustigó.
La dirigente gremial sostuvo que las medidas anunciadas solo representan «más burocracia» y una estrategia para posponer decisiones reales, como la designación de jueces de cortes y los ajustes de sueldos.
Asimismo, criticó el uso de recursos institucionales en actividades y viajes internacionales mientras persisten carencias profundas dentro del sistema que los propios jueces deben costear.
