La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, quien informó que los registros de esa organización contabilizan 1,152 muertes entre 2020 y octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.
AUMENTO DE MUERTES Y USO DE LA FUERZA LETAL
Cuestionó que, después de seis años de gestión, el Gobierno recurra a la mano dura pese a sostener que la delincuencia ha disminuido. Según sus datos, las muertes durante intervenciones policiales aumentaron a 226 en 2024, 214 en 2025 y aproximadamente 236 en lo que va de 2026.
Asimismo, advirtió que ninguna institución estatal puede condenar a muerte a un ciudadano y defendió el derecho de los agentes a proteger sus vidas, pero reclamó que la fuerza letal se utilice conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.
CUESTIONA CIFRAS DE HOMICIDIOS
También cuestionó las estadísticas oficiales, al señalar que, frente a la tasa gubernamental de 7.36 homicidios por cada 100,000 habitantes, sus cálculos anualizados sitúan el indicador en 11.8. Reynoso atribuyó la diferencia a exclusiones de determinadas muertes en los registros oficiales.
Asimismo, citó 53,877 órdenes de arresto pendientes, incluidas 2,681 por homicidios y 17,635 por violencia intrafamiliar.
RECLAMA RESULTADOS Y DIÁLOGO NACIONAL
Reynoso denunció más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026 y exigió rendición de cuentas sobre los recursos destinados a los planes de seguridad.
Reiteró su respaldo al diálogo nacional propuesto por Leonel Fernández para impulsar una estrategia basada en prevención, investigación criminal, tecnología y respeto a los derechos fundamentales.
