La Ministra de Interior y Policía anuncia el inicio de procesos judiciales contra los responsables de difundir contenido falso manipulado digitalmente, y advierte sobre el uso criminal de inteligencia artificial para destruir reputaciones.

Por: Paúl Pimentel Blanco.

Santo Domingo, RD.- Mediante un mensaje directo al país, la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, difundió este martes un video en el que denuncia la campaña de descrédito y chantaje digital de la que ha sido víctima en los últimos meses, y anunció que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra todos los involucrados.

En la pieza audiovisual la funcionaria expone cómo esta campaña ha escalado hasta el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para fabricar rumores con contenido falso sobre su vida personal. «Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad», afirma.

Raful, quien ha defendido una gestión basada en la transparencia, la independencia y el fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana, no solo hizo un llamado a la reflexión nacional sobre los peligros del uso malicioso de la tecnología, sino que dejó claro que no tolerará más ataques ni falsedades:

«Sabemos quiénes son. No les temo. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participan en esta infamia».

El mensaje no se limita a su defensa personal. En su declaración, la Ministra advierte que esta amenaza puede alcanzar a cualquiera —incluso a niños y adolescentes— y llama a la ciudadanía a asumir colectivamente la protección de su verdad y su reputación.

«Esto solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y el respeto».

La publicación del video marca un precedente institucional en la lucha contra la difamación digital y el uso de inteligencia artificial para destruir la honra de figuras públicas y privadas. La acción de Raful convierte la denuncia en una causa pública y llama a proteger, desde el Estado y la sociedad, los derechos fundamentales de las personas ante un nuevo tipo de violencia: la manipulación tecnológica con multas de extorsión y daño moral.