WASHINGTON, DC.- El senador Adriano Espaillat y otros miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos demandaron a la administración Trump-Vance por su «obstrucción ilegal» a la supervisión del Congreso a los centros federales de detención de inmigrantes y por la detención de extranjeros sin el debido proceso.

Alegan que la Administración ha implementado una nueva política ilegal que impide a estos miembros del Congreso obtener la información necesaria para cumplir con su deber constitucional de garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumpla con la ley federal al operar estas instalaciones y supervisar cómo se gastan miles de millones de dólares de los contribuyentes. La Administración impone un período de espera de siete días y prohíbe el acceso a las oficinas locales donde se encuentran personas detenidas, a pesar de una ley federal que prohíbe estas restricciones.

La demanda presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia exige que la Administración cumpla con una ley federal que garantiza a los miembros del Congreso el derecho a realizar visitas de supervisión a cualquier sitio del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) donde se detenga a no ciudadanos sin previo aviso.

Además de Espaillat, figuran compo demandantes el líder demócrata asistente Joe Neguse; el miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson; al miembro del Comité Judicial, Jamie Raskin; al miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, Robert García; al miembro del Subcomité de Seguridad y Control Fronterizo del Comité de Seguridad Nacional, J. Luis Correa; a Jason Crow, Verónica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gómez, Raúl Ruiz y Norma Torres.

Los líderes del Congreso están representados por Democracy Forward Foundation y American Oversight.

Espaillat, quien preside el Caucus Hispano del Congreso, afirmó que «en un momento en que la Administración detiene a más personas que nunca ―más de 58,000― y aumentan los informes de malos tratos, hacinamiento, condiciones insalubres y la detención de ciudadanos estadounidenses, la necesidad de una supervisión en tiempo real sobre el terreno nunca ha sido tan urgente. Once personas han muerto bajo custodia migratoria en los primeros seis meses de esta Administración».

Agregó que «los recientes despidos masivos del personal de supervisión interna del DHS no hacen más que acentuar la preocupación por esta conducta y posibles abusos.»

“La obstrucción a la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia”, dijo.

Recordó que “desde el primer día, hemos sido testigos de los esfuerzos sistemáticos de la Administración Trump para deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles ―incluyendo a ciudadanos estadounidenses―, y utilizar a las agencias federales como arma para llevar a cabo una agenda de deportación masiva basada en la crueldad y el caos».

«La Administración Trump ha obstaculizado sistemáticamente las facultades de supervisión, al tiempo que ha desmantelado los organismos de control interno en agencias del poder ejecutivo como CRCL, OIDO y la Oficina del Defensor del Pueblo del CIS, creando el clima perfecto para el abuso y la impunidad. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se pisotean el debido proceso, la dignidad humana y la transparencia. Exigimos acceso y rendición de cuentas, y utilizaremos todas las herramientas legales y legislativas a nuestro alcance para exigir rendición de cuentas a esta Administración”, declaró.

El equipo legal de Democracy Forward en este caso incluye a Christine Coogle, Lisa Newman, Paul Wolfson, Brian Netter y Josephine Morse. El equipo legal de American Oversight en este caso incluye a Daniel Martínez, Katherine Anthony, Ronald Fein y Jessica Jensen.

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