SANTO DOMINGO.- Este lunes será conocida la solicitud de medida de coerción contra las 25 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, vinculadas por el Ministerio Público a una nueva fase de la investigación sobre el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La audiencia está pautada para las 2:00 de la tarde, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los 25 imputados y pidió al tribunal declarar el proceso de tramitación compleja, al alegar que se trata de una investigación que involucra pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de un esquema que el órgano acusador vincula con delincuencia organizada.
La solicitud fue depositada el sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en un expediente de unas 525 páginas, según informó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con el Ministerio Público, esta nueva línea de investigación ha permitido cuantificar una presunta sustracción de más de RD$40 millones de fondos de SeNaSa.
Entre los 25 imputados figuran exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas que, según el órgano acusador, se habrían coludido para ejecutar maniobras fraudulentas contra la ARS estatal.
“Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, declaró Ortiz tras depositar la solicitud.
La titular de la Pepca explicó que esta operación corresponde a una nueva línea dentro del caso Cobra.
“El Ministerio Público había advertido anteriormente que en el proceso Cobra había distintas líneas de investigación, distintas formas en las que se desfalcó dinero del Seguro Nacional de Salud”, sostuvo.
Añadió que lo presentado constituye “la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”.
Los imputados
El Ministerio Público identificó entre los procesados a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La lista incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
37 allanamientos
Como parte de la Operación Cobra 2.0-A, los equipos del Ministerio Público realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Los imputados enfrentan, según la acusación preliminar, cargos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de las distintas líneas investigativas desarrolladas por el Ministerio Público a partir del caso Cobra, que también dio lugar a la Operación Onco14, relacionada con presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao y a SeNaSa.
