SANTO DOMINGO.- Tres semanas después de la promulgación de la Ley 16-26 que ordena la validación, depuración y eventual pago de deudas pendientes con contratistas del Estado, aumenta la preocupación entre cientos de posibles beneficiarios ante la falta de información pública sobre el inicio de su aplicación, señaló el Comité Institucional Codiano (CIC).
La agrupación profesional consideró legítima la inquietud de pequeños y medianos contratistas que durante años han esperado una solución institucional para expedientes relacionados con obras ejecutadas y aún no pagadas.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero de la entidad, recordó que uno de los principales objetivos de dicha ley fue la creación de una comisión especializada encargada de validar, depurar y organizar técnicamente los expedientes, garantizando transparencia, legalidad y rigor institucional en todo el proceso.
Tras señalar que el problema no es solo administrativo o financiero sino también humano, expresó que muchos de los potenciales acreedores son contratistas de edad avanzada, algunos mayores de 70 años, afectados por el deterioro económico, problemas de salud y años de desgaste familiar debido a la larga espera.
Planteó la necesidad de que el país conozca si la comisión ya fue conformada oficialmente, quiénes la integran, cuál será su metodología de trabajo, si contará con un reglamento operativo y qué cronograma se utilizará para la recepción, revisión, validación y priorización de los expedientes.
