MONTE PLATA, República Dominicana.- El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Monte Plata condenó a cinco personas por defraudar al Estado Dominicano por 5.2 millones de pesos.
Los penalizados, una mujer y cuatro hombres, cometieron el delito aprovechando el programa Banca Solidaria, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).
La sentencia fue dictada en contra de Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias.
El Tribunal Colegiado está integrado por los jueces Hilda Sánchez Luna, Isaías Martínez Pérez y Johanna Reyes Moquete.
DELITO ECONÓMICO
Mieses Saturria, Santos Arias, Alcántara Moreno (Quini) y Bonaparte Figueroa simularon préstamos por cinco millones, 202 mil, 967 pesos, los que eran retirados de cajeros automáticos con tarjetas emitidas de manera fraudulenta.
El expediente de la acusación explica en detalle la maniobra de los inculpados tras el desembolso del Consejo Nacional de PROMIPYME el viernes 9 de abril del 2021.
Esa institución había destinado el dinero a 280 micro, pequeños y medianos empresarios de la provincia de Monte Plata
SUPLANTACIÓN DE DOCUMENTOS
Los imputados aprovecharon para filtrar y mezclar expedientes de 19 préstamos a nombre de personas vivas, fallecidas, o condenadas a prisión, con todos los documentos falsificados.
Incurrieron en la suplantación en el data crédito, de persona en las copias de las cédula, firmas falsas de los supervisores y de agentes de negocios no vinculados a la institución.
Bonaparte Figueroa buscó 38 copias de cédulas utilizadas en la preparación de dichos préstamos, además, firmaba y llenaba los espacios en blancos junto con Santos Arias.
También Santos Arias buscaba en el sistema los códigos de empleados y exempleados de negocios de la institución, e hizo en Santo Domingo los sellos utilizados en los documentos.
DELITOS COMETIDOS
El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales José del Carmen García y Yalitza Martínez Acosta, demostró de manera irrefutable la responsabilidad penal de los procesados.
El grupo violó las disposiciones de los artículos 147, 148, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que castiga la asociación de malhechores para cometer un delito y falsificación.
Además de los artículos 10, 15 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana.
Con sus acciones, el Ministerio Público evitó que los procesados retiraran tres millones, 35 mil, 676 pesos de los más de ocho millones con los que pretendían defraudar al Estado dominicano.
Mieses Saturria cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los otros procesados lo harán en la Penitenciará Nacional de La Victoria.
