SANTO DOMINGO.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, manifestó el respaldo institucional del gremio a la propuesta de aplazar por aproximadamente seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el propósito de corregir disposiciones que, a su juicio, presentan incongruencias, desaciertos y posibles inconstitucionalidades.
Potentini afirmó que el país necesita con urgencia una legislación penal moderna que responda a los desafíos del crimen organizado, los delitos tecnológicos y las nuevas modalidades delictivas. No obstante, advirtió que esa actualización debe realizarse respetando plenamente los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución.
El presidente del CARD sostuvo que el nuevo Código Penal constituye una necesidad para la República Dominicana, pero insistió en que debe entrar en vigor únicamente después de incorporar las correcciones necesarias. Entre los aspectos que considera prioritarios revisar mencionó disposiciones que podrían afectar la libertad de expresión y otros derechos democráticos, los cuales, dijo, deben adecuarse al marco constitucional.
En ese contexto, Potentini informó que el Colegio de Abogados respalda la posición planteada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que propone que el Congreso Nacional apruebe una prórroga para extender la entrada en vigencia del Código Penal más allá del próximo 5 de agosto, concediendo un plazo aproximado de seis meses para introducir las modificaciones pertinentes.
«Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales», expresó.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Matinal 5, transmitido por Telemicro, canal 5, donde participó junto a los periodistas Persio Maldonado, Laura Castellanos y Domingo del Pilar, con quienes analizó los principales retos jurídicos y constitucionales que plantea la inminente aplicación de la nueva legislación.
Finalmente, Potentini reiteró que una revisión responsable del texto contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica y permitirá que la República Dominicana cuente con un Código Penal moderno, constitucionalmente sólido y acorde con las exigencias del Estado Social y Democrático de Derecho.
