SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) manifestó su rechazo a la decisión del Consejo del Poder Judicial de aprobar un aumento en las remuneraciones y beneficios de sus integrantes durante el período para el cual fueron designados, al considerar que la medida podría contravenir el artículo 140 de la Constitución de la República.
La entidad anticorrupción sostuvo que la disposición constitucional prohíbe que instituciones públicas o entidades autónomas que manejan fondos estatales establezcan incrementos salariales o beneficios para sus propios incumbentes durante el mismo período en que ejercen sus funciones.
ADOCCO recordó que el artículo 140 establece que ninguna entidad pública podrá aprobar normas dirigidas a aumentar la remuneración o beneficios de sus directivos, salvo para un período posterior al de su elección o designación, y que el incumplimiento de esa disposición conlleva las sanciones establecidas por la ley.
PIDE REVISAR LA DECISIÓN
La organización afirmó que este principio constitucional constituye una garantía de transparencia, ética pública y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, al evitar que funcionarios con capacidad de decisión puedan aprobar ventajas económicas para sí mismos durante el ejercicio de sus cargos.
En ese sentido, exhortó al Consejo del Poder Judicial a revisar la decisión adoptada y dejarla sin efecto, alegando que todas las instituciones públicas deben actuar bajo el principio de supremacía constitucional y ajustar sus actuaciones al marco establecido por la Carta Magna.
ADVIERTE POSIBLES RESPONSABILIDADES
ADOCCO advirtió que, de mantenerse vigente una medida que considere contraria al artículo 140 de la Constitución, correspondería a los órganos competentes determinar las responsabilidades constitucionales y legales que pudieran derivarse.
La organización indicó que podrían activarse los mecanismos de control institucional previstos en el ordenamiento jurídico, conforme a los procedimientos establecidos.
Finalmente, ADOCCO reiteró que la independencia judicial debe estar acompañada del respeto estricto a la Constitución, la legalidad y la rendición de cuentas, al considerar que la confianza ciudadana en las instituciones depende del cumplimiento de las normas por parte de sus autoridades.
