Santo Domingo.- El Gobierno no ha dado autorización para otorgar permisos transitorios de trabajo a inmigrantes haitianos en el sector agropecuario como ha salido a relucir en medios de comunicación, afirmó este lunes el presidente Luis Abinader.

«Nosotros tenemos que cumplir con la ley de Migración y la Dirección (General de Migración) es la que puede autorizar eso que no se está haciendo», afirmó el mandatario en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

Consideró como un «deseo válido» de los productores que esto se produzca, pero reiteró que las autoridades deben cumplir con lo establecido en la ley de Migración.

El Gobierno ejecuta desde octubre pasado un amplio operativo de deportación de inmigrantes haitianos indocumentados.

Los haitianos con estatus regular e irregular copan los trabajos de construcción de viviendas y otras infraestructuras, así como en el campo agropecuario.

En una oportunidad, el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, reveló que en una finca de su propiedad trabajaban varios haitianos indocumentados.

Por otra parte, Abinader refirió que se reúne continuamente con dirigentes del PRM que aspiran o no a la nominación presidencial de esa organización para el 2028, y que están adelantando ideas para que ideas para que la organización «sea ejemplo de una competencia sana, transparente y de respeto» a la ley electoral.

Opinó que las aspiraciones presidenciales de varios dirigentes perremeístas no deben tener «ningún» impacto negativo dentro del partido ni mucho menos en el Gobierno.

También favoreció «endurecer» las penas en el Código Procesal Penal y en la modificación al Código Penal, cuya aprobación se discute en el Congreso Nacional.

«Hay que endurecer las penas (…) esto es fundamental. La verdad es que a la Policía Nacional y a la Justicia se les hace difícil cumplir con las necesidades de la sociedad actual», dijo.

Recordó que el Gobierno envió al Congreso Nacional peticions de endurecimiento de las penas tanto para el Código Procesal Penal como para cuando se apruebe el Código Penal.