Pablo Ulloa | Defensor del Pueblo de RD.
Dajabón, San Pedro de Macorís, Santiago, San Juan, La Romana y Sánchez Ramírez —esta última, el 23 de octubre— forman parte de las catorce provincias alcanzadas por el programa Código Penal para la Ciudadanía desde el 28 de agosto. Hemos acercado al territorio formación sobre derechos y responsabilidades que conciernen también a familias cuyos integrantes viven dentro y fuera del país. Mantendremos las jornadas de lunes y viernes para completar el país en diciembre.
La cercanía también tiene una dimensión que atraviesa fronteras. Muchas familias dominicanas mantienen vínculos entre quienes residen en el país y quienes viven en el exterior. Comparten preocupaciones, decisiones y responsabilidades. Una duda sobre una posible estafa, el uso de información privada o la protección de un familiar puede surgir desde lugares distintos y necesitar una referencia fiable sobre las instituciones dominicanas.
Esa realidad obliga a pensar en la accesibilidad de la información pública. Una explicación útil debe poder comprenderse y consultarse sin depender exclusivamente de la presencia física. Las herramientas digitales ofrecen posibilidades para ampliar ese acceso, siempre que los contenidos identifiquen sus fuentes y permitan reconocer cuándo se necesita orientación especializada.
Nuestra metodología comienza en la Constitución. Explicamos la dignidad humana, los derechos fundamentales, los deberes ciudadanos y los límites de la autoridad. Desde esa base abordamos contenidos penales relacionados con situaciones cotidianas. Comprender qué protege la ley ayuda a reconocer las responsabilidades de las personas y las obligaciones de las instituciones que deben servirles.
Estos contenidos se organizan en 44 tarjetones pedagógicos: 18 sobre fundamentos constitucionales y ciudadanía, y 26 sobre contenidos penales, con la guía oficial de la Procuraduría General de la República como referencia. Su finalidad es relacionar las normas con situaciones que cualquier familia puede reconocer.
Cuando una consulta involucra más de un país, la prudencia cobra especial importancia. Las normas y los procedimientos pueden variar entre jurisdicciones. La información sobre la República Dominicana debe explicar su ámbito y sus límites, facilitando referencias para que cada persona busque la atención correspondiente. Una orientación responsable ayuda a comprender el siguiente paso sin prometer soluciones que dependen de circunstancias particulares.
La presencia territorial y los recursos de consulta pueden complementarse. El encuentro permite conversar directamente; los materiales ofrecen una referencia a la que se puede volver después. Para las familias cuyos integrantes viven en distintos lugares, disponer de información pública comprensible puede facilitar una conversación mejor orientada y reducir la dependencia de versiones incompletas.
Seguiremos recorriendo el país hasta diciembre para acercar ese conocimiento. La información pública debe servir a las familias dominicanas allí donde necesiten comprender una responsabilidad o buscar orientación. Mantener ese vínculo exige explicaciones accesibles y claridad sobre dónde encontrar atención.
Vamos por lo que nos une.
