SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el envío a juicio de todos los imputados en el caso de la red criminal integrada por agentes policiales acusados de sustraer y comercializar miles de proyectiles, armas y pertrechos pertenecientes a la Policía Nacional.
Al concluir la audiencia preliminar, el fiscal litigante Enmanuel Ramírez, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó su confianza en que el tribunal acogerá íntegramente la acusación presentada por el órgano persecutor.
«Confiamos en que este tribunal dictará auto de apertura a juicio contra todos los imputados que no arribaron a acuerdos con el Ministerio Público, para que las pruebas presentadas sean conocidas en un juicio de fondo», manifestó el representante del Ministerio Público.
Ramírez explicó que, debido a la solidez de la investigación, dos de los acusados optaron por acuerdos mediante procedimiento penal abreviado, mientras que otros dos solicitaron ser enviados directamente a juicio.
Como resultado de esos acuerdos, Marino Rodríguez fue condenado a cinco años de arresto domiciliario, mientras que Miguelina Bello Segura recibió una pena de tres años, de los cuales deberá cumplir un año y seis meses en arresto domiciliario y el resto quedó suspendido. Asimismo, el tribunal ordenó el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de armas de fuego y municiones incautadas durante un allanamiento.
Operación Pandora
El representante del Ministerio Público recordó que la investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando se detectó la desaparición de miles de municiones y accesorios de armas bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
La acusación señala como principal responsable al entonces intendente de Armas, el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien permanece en prisión preventiva, junto al capitán Nelson Valdez, encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución.
También enfrentan el proceso Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
La jueza Patricia Padilla anunció que la decisión sobre la audiencia preliminar será dada a conocer el próximo 29 de julio.
Desfalco millonario
De acuerdo con la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la estructura criminal provocó un perjuicio económico al Estado de RD$92,191,732.92, mediante la sustracción y posterior venta ilegal de miles de proyectiles, armas, explosivos y otros pertrechos militares pertenecientes a la Policía Nacional.
El expediente involucra a 11 personas físicas, acusadas de participar directamente en las maniobras para desviar bienes públicos y comercializarlos ilícitamente con fines de lucro.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, violación a la Ley 631-16 sobre Armas, legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, además de alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.
