SANTO DOMINGO.- El exministro de Obras Públicas y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, calificó de “persecución política” el recurso de apelación interpuesto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) contra el auto de no ha lugar que le favoreció en el Caso Calamar.
A través en su cuenta de X que la acción busca revocar la decisión del tribunal y mantener las medidas de coerción en su contra para afectar sus aspiraciones presidenciales de 2028.
«Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar. Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028. Esto es persecución política pura #Lawfare», escribió.
Agregó que «el pueblo no es tonto! ¡No lo van a lograr! ¡No nos van a detener! Vamos con to’, por la República Dominicana que soñamos».
LA APELACION
El ERPP depositó este lunes un recurso de apelación parcial contra la decisión emitida el 29 de mayo por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que favoreció a Castillo con un auto de no ha lugar.
El recurso fue presentado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Busca que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque la resolución y ordene la apertura de un juicio de fondo contra el exfuncionario.
El ERPP también solicitó mantener las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales mientras la Corte conoce el recurso. Sostiene que la decisión judicial incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas del Ministerio Público, especialmente las relacionadas con los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de corrupción descrito en la acusación.
Castillo fue incluido por el Ministerio Público entre los principales imputados en un expediente de presunta corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios de las gestiones de Danilo Medina.
La acusación sostiene que, durante su gestión como ministro de Obras Públicas entre 2012 y 2020, Castillo habría participado en un esquema de pagos irregulares con fondos públicos a particulares. Los recursos habrían sido usados para saldar deudas por expropiaciones de terrenos y, presuntamente, obtener fondos para financiamiento político.
Según el MP, la estructura operó desde los ministerios de Obras Públicas, Hacienda y la Presidencia, y habría movilizado miles de millones de pesos mediante pagos considerados irregulares.
El 29 de mayo, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de no ha lugar a favor de Castillo al considerar que las pruebas no eran suficientes para justificar la apertura de un juicio de fondo en su contra.
El tribunal admitió parcialmente la acusación y ordenó la apertura de juicio de fondo contra 35 acusados, entre ellos los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, y el excontralor Daniel Omar Caamaño.
