Santo Domingo.- La directora del Centro de Capacitación para Ciegos (CECAPCI), Ana García, respondió de manera contundente a las autoridades del Ministerio de Educación, tras la reacción generada por la protesta iniciada por tiempo indefinido frente al Palacio Nacional.
Afirmó que en la nota de prensa emitida por el CECAPCI están claramente expuestas las razones por las cuales no pueden aceptar la única propuesta presentada por las autoridades, la cual ya fue rechazada por carecer de sustento legal.
Señaló que, mientras las autoridades insisten en reiterar el mismo planteamiento, CECAPCI mantiene una postura firme respaldada en fundamentos jurídicos, amparados en la Ley 122-05 y demás normativas vigentes, explicando por qué dicha propuesta no garantiza una estabilidad real ni sostenible.
En ese sentido, indicó que si las autoridades quieren desmentir sus argumentos lo hagan con base legal, demostrando que CECAPCI está equivocada en su interpretación de la ley. Asimismo, cuestionó cómo pueden prometer inclusión en el presupuesto sin tener certeza sobre la continuidad de su propia gestión dentro del Ministerio de Educación.
La directora también recordó que, hasta la fecha, no se les ha presentado una propuesta formal de convenio, a pesar de que precisamente esa es la causa central de la lucha actual: la ausencia de un acuerdo de cooperación que garantice seguridad institucional y la continuidad de los servicios ofrecidos a personas con discapacidad.
De igual manera, puso en duda las versiones oficiales al preguntar quién introdujo la idea de un contrato de alquiler por cuatro años, señalando que dicha propuesta surgió de las propias autoridades, incluyendo comunicaciones enviadas al propietario del inmueble y una oferta de pago correspondiente a seis meses.
Finalmente, fue enfática al dejar claro que la solución está en manos de las autoridades: si las autoridades deciden prolongar esta situación, será su responsabilidad. Mientras tanto, CECAPCI se mantendrá firme en su lucha hasta que se formalice un acuerdo de cooperación que garantice, con base legal, los derechos y la estabilidad de la institución.
