La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que debe declararse una emergencia nacional en materia de tránsito y hacer cumplir sanciones más drásticas para la conducción temeraria.

En un comunicado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, describió el transporte como uno de los problemas más graves que padece la sociedad dominicana donde la fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades han facilitado que el uso de motocicletas se expanda como un sistema que opera, en la práctica, sin controles efectivos ni regulación real.

Expresó que la ausencia de políticas públicas claras, junto con la ineficacia en la aplicación de la ley y la falta de voluntad para imponer el orden, constituyen elementos centrales en el agravamiento de esta crisis.

“El desorden en el tránsito se ha intensificado hasta convertirse en una amenaza directa para la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía. Resulta alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito (violar la luz roja, circular por las aceras o en vía contraria, entre otras prácticas) generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas”, afirmó Castaños Guzmán.

Dijo que preocupa, además, la inexistencia de un sistema integral y eficiente de control del tránsito, así como la falta de consecuencias reales para los infractores y de mecanismos adecuados de coordinación entre las autoridades competentes.

Se debe abordar rápido

Señaló que ese problema debe abordarse con rapidez, debido a que la seguridad y la calidad de vida de la población dependen de decisiones responsables y de una voluntad política firme para transformar el sistema de transporte.

“Consideramos que ha llegado el momento de adoptar medidas urgentes y firmes. Debe declararse una emergencia nacional en materia de tránsito, convocando a todos los sectores involucrados a coordinarse activamente en su solución”, enfatizó Castaños Guzmán.

Entre los factores que inciden directamente en esta problemática destaca el crecimiento desordenado del parque vehicular, especialmente de unidades que no reúnen las condiciones adecuadas para circular y que, además, ofrecen un servicio deficiente a los usuarios

De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a diciembre de 2022 las motocicletas representaban el 56 % del parque vehicular, con un incremento del 6.6% respecto al año anterior. Para inicios de 2026, las motocicletas registradas en la República Dominicana ascendían a 3,872,238 unidades, equivalentes a aproximadamente el 58% del total del parque vehicular.

A nivel internacional, según el portal World of Statistics, el país figura entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, con 65 decesos por cada 100,000 habitantes. Los motoristas constituyen el grupo más afectado en estas estadísticas, en gran medida debido a la alta incidencia de infracciones y al débil régimen de fiscalización.