Santo Domingo.- El Ministerio Público deploró este jueves otro aplazamiento, el número 20, de la audiencia por presunta corrupción que se sigue contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes.Asimismo, reiteró que el cuerpo de fiscales que llevan el proceso cumplen con el deber ciudadano de estar preparados porque mantienen el respeto frente al tribunal y al sistema de justicia.

Este jueves, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia, debido a que la defensa del imputado Rafael Porfirio Calderón presentó un certificado médico con una licencia de siete días relacionado con un procedimiento quirúrgico ambulatorio.

LOS JUECES TOMAN VACACIONNES COLECTIVAS

La jueza indicó que con el nuevo aplazamiento queda demostrado que el retraso en el conocimiento de la audiencia preliminar, más que de tratarse de agregar un día más, «porque acogimos la petición, agregamos dos días más al calendario: lunes 8 y martes 9 de diciembre; sin embargo, en el día de hoy ha sido presentado otro certificado médico».

Asimismo, señaló que los jueces no toman vacaciones colectivas, al hacer referencia al argumento de la barra de la defensa de la imputada Nathaly Hernández, la cual alegó que en su oficina jurídica toman vacaciones colectivas a partir del 15 de diciembre.

«Nosotros estamos aquí para conocer audiencia los días hábiles de calendario, solo los días feriados no se conocerán audiencias», dijo.

«Este Cuarto Juzgado de Instrucción seguirá conociendo las audiencias que teníamos programadas en el calendario para el conocimiento de este proceso.

Esto es en respeto del debido proceso, el plazo razonable al que tienen derecho todas las partes y que tanto enarbolan aquí»,  señaló.

ACUSACION CONTRA 46 PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS

El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.

En este expediente, el órgano acusador también imputa a al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.